Los reprsentantes del Ministerio Público presentaron ayer sus acusaciones. Henry SANTIAGO.

Santo Domingo.-El Ministerio Publico solicitó 18 meses de prisión como medida de coerción contra los imputados en el entramdo de corrupción denominado Operación Coral que se atribuye dirigir al mayor general y exjefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina, así como que el caso sea declarado complejo por la gravedad de los hechos y por existir peligro de posible distracción de las pruebas.

La directora de Persecusión, Yeni Berenice Reynoso, estableció ante el tribunal que supuestaemnte por orden del mayor general Adán Cáceres Silvestre y el coronel Rafael Núñez de Aza no se entregaron documentos solicitados por Procuraduría General de la República, de acuerdo a lo informado por el también detenido el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Ante ese escenario pidió que los imputados sean enviados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

La petición fue extendida también contra la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, quienes figuran en el expediente por corrupción.

Receso para hoy
Luego de más de diez horas sobre el desglose del expediente y la presentación de conclusión que hizo el Ministerio Público contra los acusados, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dispuso un receso de la audiencia para la 1:00 de la tarde de hoy para escuchar las réplicas de los abogados de la defensa de los acusados por el Ministerio Público de supuestamente integrar una banda vinculada a corrupción.

Imputación
En la lectura de los hechos que imputan a los detenidos, los miembros del Ministerio Público responsabilizan a los acusados de cometer maniobras irregulares para distraer millones de pesos de varias instituciones del Estado para sus beneficios.

De acuerdo al órgano acusador, Adán Cáceres Silvestre y el coronel Núñez Aza se aprovecharon de sus funciones para dirigir el entramado de corrupción en perjuicio de Estado.

Indicó que el mayor general Cáceres Silvestre es el propietario de una vivienda en construcción por un valor de más de un millon dólares, pero que tiene a nombre de la empresa Campesina Madre de Tierra con una extensión de 4 mil metros cuadrados, ubicados en unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Mediante las supuestas maniobras irregulares, el exjefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina habría adquirido viviendas, villas, apartamentos, terrenos, fincas y vehículos de lujo, de acuerdo al Ministerio Publico.

Atribuye esas maniobras de corrupción a una posible “estrategia del plenipotenciario del mago el coronel Núñez de Aza”, según Reynoso, quien también indicó que Núñez de Aza es un hombre de éxito, porque “en tiempo récord llegó a ese rango” y pudo generar un beneficio de más de RD$500 millones a través de alegadas transacciones que realizó el mayor Girón Jiménez y de la empresa Único Real State e Inversiones.

Informó en el tribunal que el Ministerio Público se vio obligado a interponer una orden de oposición para evitar que los imputados transfieran inmuebles a terceros sus inmuebles.

Reynoso dijo que la asimilada de la Policía Rossy Guzmán Sánchez estaba adscrita al Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo, a pesar que “no realizó servicio como agente, pero sí la función de lavado de activos” en el entramado de corrupción.

Indicó que “la iglesia Shalon Tierra de Paz, de la pastora, no es una iglesia, sino que se usó como pantalla en entramado”, mientras que el local es pedido por el dueño por deudas por el alquiler.

Audiencia

— Solicitud
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, inició ayer a las 10:50 de la mañana para conocer la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el entramado de corrupción de Operación Coral para estafar al Estado.

“Cáceres no es cabecilla de nada”
Justicia. Elsa Trinidad, abogada del mayor general Adán Cáceres Silvestre, dijo que si se va a discutir en Derecho, la prisión preventiva no es la medida idónea para su representado.

La defensa del imputado señaló que el único delito del mayor general es ser un hombre de fe y estar al servicio a la Patria.

“Él no es cabecilla de nada, y todo depende del ángulo en que se mide”, manifestó la abogada. Dijo que el patrimonio de su representado es lícito y tienen pruebas para defenderlo en el tribunal.

 

 

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